Clase N°2: El Régimen Conservador (1880-1916)
Hemos visto cómo, entre 1880 y 1916 se produjeron en la Argentina cambios espectaculares en la economía, en la sociedad y en la cultura. Resultaba muy difícil reconocer en 1910 a la sociedad de 1880, a causa de las profundas transformaciones provocadas en particular por el auge económico y el aluvión inmigratorio.
En el aspecto político, tuvo lugar durante esos años un proceso que fue denominado "el régimen conservador". Este régimen se prolongó hasta la segunda década del siglo XX, cuando, jaqueado por oposiciones de diverso origen, debió autorreformarse.
Roca llega a la Presidencia
Roca había participado como militar en todas aquellas acciones que contribuyeron a consolidar el poder político central entre 1862 y 1880: en la represión de las rebeliones producidas en el interior del país, en la Guerra del Paraguay y, finalmente, había conducido la "campaña del desierto", a través de la cual se sometió a los aborígenes con el objeto de incorporar miles de leguas de tierras al sector privado y a la actividad productiva.
Esta trayectoria militar permitió a Roca generar y mantener contactos políticos con las clases dirigentes del interior del país. A fines de la década de 1870, los gobernadores vinculados a Roca organizaron una alianza con epicentro en la ciudad de Córdoba, que fue denominada "Liga de Gobernadores". Las provincias involucradas en esta Liga tejieron la trama electoral que dio el triunfo a Roca como presidente en 1880.
"Paz y administración"
En el mensaje inaugural de su mandato, Roca expuso su lema, "paz y administración", que justificaba con el siguiente argumento: "... necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente". Estos objetivos eran los requisitos esenciales para alcanzar el progreso, tal como lo entendía el liberalismo a fines del siglo XIX. Las medidas tomadas por Roca y por los presidentes siguientes -como, por ejemplo, el fomento de la inmigración, la construcción de vías férreas que enlazaran las distintas regiones del país con su polo más dinámico, el impulso del desarrollo urbano y la educación pública para todos, tanto nativos como inmigrantes- apuntaban a lograr estos objetivos.
Pero en 1880 quedaba por resolver un problema importante relacionado con el proceso de construcción del Estado nacional: otorgarle a ese Estado y a la sociedad un régimen político.
Organizar un régimen político implica producir actos y acontecimientos capaces de generar instituciones que mantengan la unidad política que se ha fundado al construir el Estado. Exige definir en virtud de qué reglas serán unos y no otros los que tendrán el privilegio de mandar.
El Régimen Oligárquico
Los grupos dirigentes argentinospensaban que el país debía ser transformado "desde arriba", evitando que los descendientes de inmigrantes arrancaran algún día el poder de las manos patricias.
Sin embargo, con el correr del tiempo, el progreso que ellos mismos preconizaban les tendió una trampa: la sociedad se había vuelto más compleja, más heterogénea y, a la vez, más lúcida. Así, el ámbito de la política se fue separando de esa sociedad. Este distanciamiento generó diversas tensiones no sólo entre los opositores externos a la élite, sino también dentro de la misma clase dirigente. Ante esta amenaza, el régimen conservador otorgó suma importancia al control de la sucesión política, control que se centró en los cargos de presidente, gobernadores y senadores, y que tenía como fin impedir que alguno de esos cargos fuera ocupado por los sectores de la clase política que emprendían una actividad opositora.
La estrategia política diseñada para lograrlo establecía una capacidad de decisión dominante para el poder central, que otorgaba el ejercicio del gobierno a una minoría privilegiada y limitaba la participación política del resto de la población.
El régimen conservador dispuso de una serie de mecanismos a través de los cuales garantizaba su permanencia en el poder y su funcionamiento.
El sufragio: control electoral y fraude
El control del acto eleccionario propiamente dicho se efectivizaba en dos etapas: la primera consistía en el fraude electoral; la segunda, en la manipulación de los resultados del comicio por parte de las asambleas legislativas.
El fraude se concretaba a través de lo que se ha dado en llamar "producción del voto", un proceso que se llevaba a cabo a través de la formación de las comisiones empadronadoras del registro, del voto colectivo, del comicio doble, del vuelco de los padrones, de la repetición del voto o de la compra de sufragios.
Para votar era necesario empadronarse e integrar un registro electoral. Las comisiones empadronadoras tenían, de acuerdo con la ley, la facultad de juzgar quiénes reunían las condiciones para ser inscriptos en el padrón. El fraude comenzaba en esta primera instancia, a través de inscripciones indebidas y de la omisión de nombres en el registro.
El voto colectivo consistía en la concurrencia en grupo de un número grande de votantes al lugar del comicio. Este proceder amedrentaba a la oposición circunstancial que, en general, se dispersaba por temor a la violencia. Pero la cuestión no terminaba allí. Los descontentos solían refugiarse en otro lugar y allí votaban, generando así un nuevo comicio. Además, en el deseo de superar al adversario, cada partido echaba mano de los nombres de ausentes, muertos y vivos. Frente a la existencia de estos dos comicios, el juez de la elección decidía cuál sería legalmente reconocido, no sobre la base de las cualidades de pureza del sufragio, sino de acuerdo con criterios de conveniencia política.
El vuelco de padrones se hacía por medio de la copia lisa y llana de los registros. Se le asignaba un voto a cada ciudadano registrado, estuviera presente o ausente. El sistema podía reforzarse con la repetición del voto realizada por electores "volantes" o "golondrinas", que sufragaban varias veces en la misma mesa o en diferentes mesas del mismo distrito.
La compra directa de votos era un mecanismo posible por el hecho de que el voto no era secreto. El votante recibía, después de haber emitido su voto, un vale del fiscal del partido oficial y luego con él cobraba en el comité una suma que variaba según las circunstancias.
La farsa electoral culminaba en los cuerpos legislativos: desde las municipalidades hasta las instituciones nacionales, cada asamblea legislativa de distinto nivel juzgaba las elecciones y sus resultados. Si un candidato sabía que efectivamente había sido electo pero que el resultado había sido modificado en su contra, nada podía hacer al respecto, dado que no existían garantías de que pudiera ejercer su defensa en un hipotético juicio.
La participación electoral bajo el régimen conservador
La participación de los ciudadanos en estos comicios era muy reducida. En primer lugar, sólo los ciudadanos varones tenían la posibilidad de votar. Esto reducía casi en un cincuenta por ciento el universo de posibles votantes. Por otra parte, los inmigrantes no tenían derecho al sufragio, excepto que obtuvieran su carta de ciudadanía. Si bien no había objeciones legales para obtener la ciudadanía argentina -pues, como ya dijimos, el sistema era muy abierto en ese sentido-, la inmensa mayoría de los inmigrantes nunca se naturalizó. Esto probablemente se debía a la acción combinada de dos factores: por un lado, parece lógico suponer que un sistema fraudulento como el que acabamos de describir despertara pocas expectativas de participación en los inmigrantes; por otra parte, no había ninguna actividad civil -trabajar, estudiar, acceder a la propiedad privada- que le estuviera vedada a los inmigrantes por el hecho de no naturalizarse. La no participación electoral de los inmigrantes es un hecho muy significativo, ya que en las áreas geográficas de mayor concentración de los mismos los varones adultos extranjeros representaban entre el 50 % y el 70 % de la población en condiciones de votar.
1890: apertura del ciclo revolucionario
Este estado de cosas, signado por las elecciones fraudulentas, se mantuvo incólume durante la década de 1880. La extraordinaria expansión de la economía tenía demasiado ocupadas tanto a las clases dirigentes como a la sociedad en su conjunto y, en ese contexto, los vicios del orden político parecían ser más tolerables. Pero el año 1890 fue rico en sorpresas.
En primer lugar, durante ese año, una fuerte crisis económica, reflejo de un ciclo de baja en las economías europeas, afectó al país con una contundencia sin precedentes. Casi de inmediato, el sistema político se vio sacudido por la llamada "Revolución del Parque", que fue el primer cuestionamiento violento del orden consagrado en 1880. Este movimiento se localizó dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires, y dejó un saldo de más de doscientos cincuenta muertos y mil heridos.
La Revolución de 1890 inició un ciclo revolucionario que se extendió hasta 1905 y que se propagó desde el centro hacia la periferia: a su turno, Córdoba, San Luis, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y Tucumán tuvieron sus propias revoluciones. Los dirigentes de la Revolución del Parque provenían de fuerzas políticas de diferente signo que se organizaron en una agrupación llamada Unión Cívica: el partido liberal, de tradición mitrista; algunos personajes del tronco autonomista; y un grupo de antiguos militantes de la tradición populista del autonomismo bonaerense, que seguían a Leandro Alem y a Hipólito Yrigoyen, que en 1889 habían fundado la Unión Cívica de la Juventud. También contaron con el apoyo de algunos sectores militares y católicos. La consecuencia inmediata de la revolución del noventa fue la renuncia del presidente Juárez Celman. El vicepresidente, Carlos Pellegrini, asumió la Presidencia de la Nación. No obstante, la hegemonía gubernamental conservadora quedó, a partir de este momento, en una especie de estado de impugnación permanente. Desde el punto de vista ideológico, el régimen pasó a estar cuestionado en un aspecto central: su legitimidad, pues, según consideraban los revolucionarios, la implantación de una república restrictiva no estaba autorizada por la Constitución, ya que era producto de la inmoralidad del sufragio, tal como era practicado entonces, el fraude y la manipulación electoral.
Un nuevo concepto de ciudadanía para la Argentina moderna: la reforma electoral de 1912
En octubre de 1910, Roque Sáenz Peña asumió la Presidencia de la Nación. Su trayectoria política mostraba un perfil cuestionador del predominio oligárquico, pero siempre encuadrado dentro de la política oficial. Consciente de la dudosa legitimidad del origen de su propio cargo, en su discurso de asunción, Sáenz Peña manifestó, con respecto a la participación de votantes en la Capital Federal, que: "... son pocos, lo reconozco, pero nunca se vieron más ciudadanos".
El hecho de que el propio régimen reconociera la impugnación de la que era objeto desde 1890 condujo a un proceso reformista que culminó en 1912 con la sanción de una nueva ley electoral, denominada Ley Sáenz Peña. Así, el reformismo oligárquico buscó, seguramente, adelantarse a los hechos a través de una reforma surgida de su propio seno. Es evidente que tenían la expectativa de conservar el poder, pero legitimándolo de un modo nuevo, acorde con una práctica institucional menos imperfecta y más coherente con los principios proclamados por la Constitución Nacional.
La ley electoral de 1912 estableció el voto universal, secreto y obligatorio y que los padrones electorales, a partir de ese momento, se confeccionaran siguiendo rigurosamente el padrón militar.
El voto secreto tenía por objeto terminar con la venalidad del voto cantado y garantizaba al ciudadano toda la protección posible para expresar sin ninguna coacción sus preferencias políticas a través del sufragio. La obligatoriedad del voto implicaba una sanción penal por parte del Estado para los ciudadanos varones mayores de 18 años que no cumplieran con lo que, desde ese momento, dejaba de ser simplemente un derecho para adquirir también el carácter de obligación. Este precepto pone en evidencia la voluntad de los reformadores de constituir en la Argentina algo que hasta ese momento no estaba bien definido: una ciudadanía. También pone de manifiesto una decisión acerca de quiénes serían estos ciudadanos, es decir, aquellos que cumplieran con los requisitos antes mencionados. Así, la obligatoriedad del voto puede interpretarse como un recurso ante una sociedad con un alto porcentaje de inmigrantes desafectados de la participación electoral, y a cuyos descendientes se juzgó necesario incorporar plenamente a la ciudadanía.
La ley se aplicó por primera vez en 1912 en las elecciones de diputados y gobernadores en la provincia de Santa Fe. En 1916 el candidato del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, fue proclamado presidente de la Nación por el Colegio Electoral Nacional el 9 de junio de 1916. Este acontecimiento marcó el fin del régimen conservador.
Los planteos de contestación frente al sistema: las izquierdas
No eran éstos los únicos protagonistas: las ideologías contestatarias -a las que podemos denominar genéricamente como las "izquierdas"- también intervinieron activamente en estos debates cruciales.
Tres fueron las fundamentales: el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario. El anarquismo se definía esencialmente por una postura "antipoliticista" (rechazo a la participación política en el marco de los sistemas burgueses) y "antiestatista" (rechazo del Estado, considerado meramente como una herramienta de opresión social). El anarquismo planteaba como método de protesta la llamada "huelga general insurreccional". En cuanto al régimen político, no les preocupaba discutir sus características ni su eventual reforma. Para los anarquistas, la cuestión del régimen político no se resolvía reformándolo, sino a través de la abolición del Estado y de toda otra forma de opresión.
El socialismo se constituyó también como un partido político que actuaba en el marco del sistema republicano. Su acción se basó en una doble estrategia: por un lado, encaró la búsqueda de mejoras económicas y sociales para los trabajadores y, por otro, planteó la necesidad de reformar el sistema político en un sentido democrático y republicano más profundo. Cuando los socialistas lograron colocar diputados en el Congreso, estas metas se tradujeron en la acción legislativa. Consideraban que esta estrategia doble conduciría, finalmente, a la instauración del socialismo de un modo no revolucionario ni violento, sino gradual.
El sindicalismo revolucionario nació a partir de la acción de un grupo de disidentes socialistas. Compartían con los anarquistas el sesgo "antiestatista" y "antipoliticista"; pero no ponían tanto énfasis en la huelga general y en la insurrección social a la que la huelga debía conducir -según los anarquistas- como en el papel que debían cumplir los sindicatos en lo que llamaban la "construcción de la clase obrera". En este planteo, el sindicato aparecía como el eje presente y futuro de toda la vida social y política, mientras que, como en el caso de los anarquistas, el sistema político era objeto de rechazo. No obstante, en las décadas siguientes, los sindicalistas revolucionarios tuvieron un acercamiento al Estado.